Centrándonos únicamente en una dimensión económica, es bien conocida la cifra de que las mujeres constituyen el 70% de las personas empobrecidas, lo que ha dado lugar al concepto de ‘feminización de la pobreza’. Histórica y tradicionalmente, a las mujeres se les ha responsabilizado en mayor medida de cubrir las necesidades básicas de la familia, esas necesidades que no son exclusivas de las mujeres, sino de todas las personas. Esta responsabilidad adscrita a ellas, además de suponer una sobrecarga, es una limitante a la hora de desarrollar otras facetas de sus vidas. Por eso se encuentran en una situación de mayor desigualdad y vulnerabilidad, que limita sus capacidades, libertades y oportunidades para desarrollar una vida digna, no solo en su dimensión económica, sino también en el campo de la salud, la educación y la alimentación; en su escaso acceso y control a los recursos económicos; en la injusta, casi exclusiva y poco valorada asunción del trabajo reproductivo y no remunerado; en su limitada capacidad de participación, de incidencia y de toma de decisiones, así como en la frágil vigencia y promoción de sus derechos individuales y colectivos. 

Se define el empoderamiento económico como el “hecho de tener acceso y control de los medios necesarios para poder vivir en condiciones sostenibles a largo plazo y de recibir los beneficios de dicho acceso y control”[1]. Facilitar el acceso y el control en manos de las mujeres, tanto de los recursos como de los beneficios, es por lo tanto uno de los objetivos del empoderamiento económico. Para ello es clave que la propiedad de los mismos esté en manos de las mujeres, debido a que la propiedad está estrechamente ligada con la autonomía económica y con la capacidad de negociación, tanto en el hogar, como en la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. El empoderamiento económico no es simplemente un aumento de la generación de ingresos por parte de las mujeres, sino un proceso mucho más complejo y con resultados que abarcan múltiples dimensiones de la vida de las mujeres: mayores oportunidades y opciones, desarrollo de capacidades, aumento de la participación y de la organización y aumento de la autoconfianza y de la autoestima.

La importancia de la propiedad en manos de las mujeres

Existen muy pocos estudios sobre la distribución de la propiedad desagregados por sexo, de manera que nos basaremos en los datos recogidos para la 2ª Conferencia Internacional de las Mujeres de Naciones Unidas (Copenhague, 1980). Según estos datos, a los que recurrimos constantemente, las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, ocupan una tercera parte de los registros oficiales de la fuerza laboral, realizan dos terceras partes del trabajo, pero ganan solo una décima parte del ingreso mundial y poseen un 1% de la propiedad en el mundo. Podemos subrayar, entonces, que existe una flagrante desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto al control de los recursos (Deere y León, 2002[2]).

El logro de una igualdad formal en el derecho de propiedad no se ha traducido en una igualdad real en la distribución de bienes económicos entre mujeres y hombres, discrepancia aún mayor para el caso de las mujeres rurales. La división generizada del trabajo es un factor de gran influencia en esta desigualdad, que reconoce a los hombres como agricultores y a las mujeres únicamente como ayudantes o trabajadoras familiares secundarias, independientemente de la cantidad de trabajo dedicado a las tareas agrícolas, y que dificulta la legitimidad social de sus demandas respecto a la propiedad. En consecuencia, si no se implementan estrategias concretas de inclusión -ya sea la titularidad conjunta o medidas de acción positiva-, será difícil aumentar la propiedad en manos de las mujeres. Además, el reconocimiento de los derechos a la tierra lleva implícito el reconocimiento de las mujeres como agricultoras, lo que reduce su invisibilidad en el ámbito de la agricultura e impugna el estereotipo de género. Ampliándolo a los recursos económicos en general, supone un reconocimiento de las mujeres como sujetas económicas y una valoración de las múltiples tareas que desarrollan.

En la Conferencia de Beijing de 1995, los derechos de las mujeres a la tierra fueron un componente importante de los objetivos estratégicos del Plan de Acción. No únicamente como un elemento clave para el aumento de la productividad de las mujeres -bajo el argumento de la eficiencia-, sino como reconocimiento de un derecho económico indispensable para su bienestar y relacionado con el poder de negociación, con el empoderamiento, con la autonomía económica y con la independencia de las mujeres (Deere y León, 2002).

[1]UNIFEM, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, creada en 1976.

[2]DEERE, Carmen Diana y LEÓN, Magdalena, Género, propiedad y empoderamiento, México, Programa Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.